Durante las últimas décadas, la educación superior argentina protagonizó uno de los procesos de democratización más significativos de su historia. La expansión de la oferta académica, la gratuidad, la creación de nuevas instituciones y políticas de inclusión como las Becas Progresar y el Boleto Especial Educativo ampliaron las oportunidades de acceso para miles de estudiantes.
Sin embargo, estos derechos solo alcanzan su verdadero sentido cuando las instituciones los difunden, orientan su tramitación y generan las condiciones para que puedan ejercerse efectivamente. Democratizar el ingreso fue un logro histórico; democratizar la permanencia constituye hoy el gran desafío pendiente.
Esta transformación obliga a revisar una idea que durante mucho tiempo organizó la educación superior: la de un estudiante que transita la carrera de manera lineal, sin interrupciones y en los tiempos previstos por el plan de estudios.
Como plantea Flavia Terigi, existe una distancia entre las trayectorias teóricas, imaginadas por el sistema educativo, y las trayectorias reales, construidas en el cruce entre las condiciones materiales de vida, el trabajo, la economía, la familia, los cuidados y las experiencias subjetivas. Desde esta perspectiva, las dificultades para permanecer dejan de ser un problema exclusivamente individual para convertirse también en una responsabilidad institucional y política.
Las investigaciones desarrolladas en universidades nacionales y en institutos superiores muestran que la interrupción de las carreras responde a múltiples factores: dificultades económicas, necesidad de trabajar, responsabilidades familiares, problemas de salud, escaso sentido de pertenencia institucional y obstáculos administrativos, entre otros. En el Nivel Superior Artístico estas tensiones adquieren una complejidad adicional. La formación exige tiempos de ensayo, producción, prácticas, adquisición de materiales e instrumentos que deben compatibilizarse con la vida laboral y familiar. Pensar estas trayectorias únicamente desde el rendimiento académico implica desconocer la realidad de quienes hoy habitan las instituciones.
La provincia de Buenos Aires ha incorporado avances importantes mediante el Régimen Académico Marco, promoviendo estrategias de acompañamiento de trayectorias, tutorías y acciones destinadas a favorecer el ingreso, la permanencia y el egreso. A ello se suman políticas de apoyo económico que buscan reducir desigualdades. No obstante, ninguna política pública garantiza por sí sola el ejercicio de un derecho.
Las becas y el boleto educativo solo producen inclusión cuando las instituciones acompañan activamente a los estudiantes, informan, orientan, facilitan los trámites y evitan que las dificultades burocráticas se transformen en nuevas formas de exclusión. La política necesita de la institución para hacerse efectiva.
Pero existe una dimensión que permanece insuficientemente desarrollada en el Nivel Superior: el cuidado de la salud mental. Las cohortes que hoy ingresan a los profesorados y a las carreras artísticas superiores atravesaron buena parte de su escolaridad secundaria durante la pandemia. Llegan con experiencias marcadas por el aislamiento, nuevas formas de vinculación, incertidumbres respecto del futuro y padecimientos subjetivos que interpelan a las instituciones educativas.
Alicia Stolkiner ha señalado que la salud mental no puede comprenderse al margen de las condiciones sociales e institucionales en las que transcurre la vida de las personas. Desde la perspectiva de la salud colectiva, cuidar no significa intervenir únicamente cuando aparece una crisis, sino construir cotidianamente condiciones que promuevan vínculos, participación, reconocimiento y acceso a derechos. En la misma dirección, Silvia Duschatzky sostiene que las instituciones educativas no solo transmiten conocimientos: también producen subjetividad. Allí donde un estudiante encuentra un lugar para ser reconocido, escuchado y formar parte de una comunidad, encuentra también mayores posibilidades de sostener su trayectoria.
Aquí aparece una paradoja difícil de ignorar. Mientras los niveles Inicial, Primario y Secundario cuentan con el Área de Psicología Social y Pedagogía Comunitaria, Equipos de Orientación Escolar y dispositivos territoriales que articulan con salud, desarrollo social y organismos de protección de derechos, el Nivel Superior carece de una política provincial específica y sistemática de
acompañamiento psicosocioeducativo. Las respuestas existentes dependen, en la mayoría de los casos, del compromiso de docentes, equipos directivos o articulaciones informales con instituciones de la comunidad. Son experiencias valiosas, pero no constituyen una política pública garantizada.
Esta ausencia contrasta con el horizonte que proponen la Ley Nacional de Educación N.º 26.206, la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, el Plan Provincial de Salud Mental y el propio Régimen Académico Marco bonaerense, todos ellos sustentados en la perspectiva de derechos, el trabajo interdisciplinario, la inclusión y la articulación comunitaria. Si estos principios orientan las políticas públicas, resulta necesario preguntarse por qué todavía no encuentran una traducción específica para el Nivel Superior y, particularmente, para el Nivel Superior Artístico.
El desafío consiste en comprender que las trayectorias educativas son también trayectorias de vida. Permanecer en una carrera depende de condiciones académicas, pero también económicas, sociales, institucionales y subjetivas. Por ello, la democratización del acceso debe complementarse con una política integral de cuidado que articule educación, salud y territorio. Pensar equipos interdisciplinarios de referencia, dispositivos de acompañamiento, estrategias de promoción de la salud mental y mecanismos de articulación con los servicios de salud no implica medicalizar la vida institucional; significa reconocer que el derecho a la educación también incluye el derecho a ser acompañado.
Quizá haya llegado el momento de impulsar un Programa Provincial de Acompañamiento Integral de Trayectorias para el Nivel Superior y el Nivel Superior Artístico. Una política que no sustituya el trabajo docente, sino que lo fortalezca; que no espere el abandono o situaciones de conflicto para intervenir, sino que construya condiciones de permanencia desde el comienzo de la formación; que entienda que detrás de cada estudiante existe una historia, una comunidad y un proyecto de futuro.
La educación superior argentina dio un paso decisivo cuando comprendió que el acceso debía ser un derecho. El próximo paso consiste en asumir que la permanencia también lo es. Porque una institución verdaderamente inclusiva no se define únicamente por las puertas que abre, sino por su capacidad para sostener a quienes las atraviesan. En esa tarea se juega, probablemente, una de las discusiones más urgentes de la agenda educativa contemporánea.
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