Comunidades educativas de colegios dependientes de universidades nacionales lanzan una campaña nacional para recolectar un millón de firmas con el objetivo de exigir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplique de manera plena la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y la recomposición salarial docente.
La iniciativa, surgida de colectivos de familias autoconvocadas, docentes, no docentes y centros de estudiantes de establecimientos de CABA, La Plata, Córdoba y Salta, busca que el máximo tribunal rechace el recurso del Gobierno nacional y ordene el cumplimiento inmediato de la norma aprobada por el Congreso.
La presentación formal de la campaña se realizará hoy, viernes 12 de junio, a las 17 horas en una conferencia de prensa en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y se podrá seguir en vivo a través de la cuenta de Instagram de las familias del Nacional Buenos Aires https://www.instagram.com/cnbafamilias/
Entre los convocantes figuran representantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (UBA); la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (Universidad Nacional de Córdoba); distintas escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional de La Plata (Joaquín V. González, Liceo Víctor Mercante, Bachillerato de Bellas Artes, Colegio Nacional Rafael Hernández e Inchausti, entre otras); y el Instituto de Educación Media Arturo Oñativia (Universidad Nacional de Salta).
Los impulsores destacan que la resolución de la Corte impacta directamente en el funcionamiento de colegios primarios y secundarios, jardines de infantes, hospitales universitarios, becas estudiantiles y el sistema científico-tecnológico en todo el país. Por eso llaman a sumar adhesiones de familias, centros de estudiantes, sindicatos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales de las 23 provincias y la CABA.
“Queremos que se respete lo que decidió el Congreso y que se garantice la continuidad de estas instituciones educativas”, sostuvieron los organizadores.
El plan de acción prevé instalar mesas de recolección en distintos puntos del país para alcanzar la meta de un millón de firmas.
La Ley 27.795, sancionada en 2025 tras insistencia parlamentaria, permanece en el centro de un conflicto judicial. El Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte, argumentando cuestiones de financiamiento, mientras las comunidades educativas reclaman su ejecución inmediata.
