Comunidades educativas de colegios dependientes de universidades nacionales lanzaron una campaña nacional para recolectar un millón de firmas con el objetivo de exigir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplique de manera plena la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y la recomposición salarial docente.
La iniciativa, surgida de colectivos de familias autoconvocadas, docentes, no docentes y centros de estudiantes de establecimientos de CABA, La Plata, Córdoba y Salta, busca que el máximo tribunal rechace el recurso del Gobierno nacional y ordene el cumplimiento inmediato de la norma aprobada por el Congreso.
La presentación formal de la campaña se realizó en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y pudo seguirse a través de la cuenta de Instagram de las familias del Nacional Buenos Aires https://www.instagram.com/cnbafamilias/
"Vamos por el millón de firmas para que la Corte Suprema resuelva con celeridad la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y rechace el recurso del Gobierno nacional"
La campaña fue convocada por representantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (UBA); la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (Universidad Nacional de Córdoba); distintas escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional de La Plata (Joaquín V. González, Liceo Víctor Mercante, Bachillerato de Bellas Artes, Colegio Nacional Rafael Hernández e Inchausti, entre otras); y el Instituto de Educación Media Arturo Oñativia (Universidad Nacional de Salta).
"Vamos por el millón de firmas para que la Corte Suprema resuelva con celeridad la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y rechace el recurso del Gobierno nacional. Con el pueblo argentino como protagonista superaremos claramente millón de firmas para que se respete la Ley", afirmó Sebastián González Pernas, uno de los integrantes del colectivo de Autoconvocados del Colegio Nacional Buenos Aires.
Los impulsores destacaron que la resolución de la Corte impacta directamente en el funcionamiento de colegios primarios y secundarios, jardines de infantes, hospitales universitarios, becas estudiantiles y el sistema científico-tecnológico en todo el país. Por eso llaman a sumar adhesiones de familias, centros de estudiantes, sindicatos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales de las 23 provincias y la CABA.
“Queremos que se respete lo que decidió el Congreso y que se garantice la continuidad de estas instituciones educativas”, sostuvieron los organizadores.
El plan de acción prevé instalar mesas de recolección en distintos puntos del país para alcanzar la meta de un millón de firmas.
La Ley 27.795, sancionada en 2025 tras insistencia parlamentaria, permanece en el centro de un conflicto judicial. El Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte, argumentando cuestiones de financiamiento, mientras las comunidades educativas reclaman su ejecución inmediata.
