Las y los trabajadores del Programa de Retención Escolar de Alumnas/os Madres, Padres y Embarazadas, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mantienen desde el 13 de abril un estado de asamblea permanente y se declararon en situación de conflicto.
Reclaman la continuidad de sus cargos, la cobertura inmediata de horas vacantes y la preservación de las modalidades de trabajo territorial que desarrollan desde 1999.
El programa funciona en 165 de las 172 escuelas secundarias de la Ciudad y acompañó en el último año las trayectorias educativas de más de 430 estudiantes, además de realizar 422 talleres de Educación Sexual Integral (ESI) con estudiantes y equipos docentes.
La delegada Jimena Gallo explicó que la reducción de personal afecta gravemente el funcionamiento: “Con la caída y reducción de todos estos cargos, que prácticamente es la mitad del equipo afectado, no nos es posible garantizar un acompañamiento integral y sistemático de las escuelas”.
Esto impacta en las tres líneas centrales: capacitaciones y talleres para la implementación de la ESI, acompañamiento pedagógico personalizado a estudiantes embarazadas, madres y padres, y articulación territorial.
Los docentes del programa relataron que al inicio del ciclo lectivo 2026 se perdieron 72 horas por la reubicación de dos trabajadoras. Además indicaron que permanecen sin cubrir siete cargos por licencias, renuncias y jubilaciones.
Un acto público previsto para el 13 de abril para cubrir esas vacantes fue suspendido sin explicación el viernes 10.
Otro foco de conflicto es el nuevo régimen de control de presentismo que rige desde el 13 de abril a las cuatro trabajadoras de planta permanente. Se les exige geolocalización a través de sus dispositivos personales. Gallo señaló que esta medida “vulnera la intimidad”, genera estrés y no se ajusta a la tarea itinerante: cada integrante atiende más de 10 escuelas, muchas en barrios vulnerables sin conexión segura a internet. “Nos imponen un control administrativo que no reconoce nuestra tarea docente, comunitaria y territorial”, afirmó.
Los trabajadores también cuestionan la falta de confirmación de los “módulos institucionales” para los referentes institucionales (docentes de cada escuela que sostienen el contacto cotidiano con los estudiantes). Sin ese reconocimiento, “el trabajo se vuelve artesanal”, denuncian.
Las resoluciones Nº 153/26 y Nº 8/26, publicadas en febrero, son el eje de las críticas. La primera regula los programas socioeducativos con criterios cuantitativos y de eficiencia que habilitan reorganizaciones y posibles desafecciones. La segunda modifica el funcionamiento del Departamento de Orientación Escolar (DOE) y podría limitar el acompañamiento del programa solo a casos de mayor complejidad, separando acciones de prevención (que pasarían a otra gerencia) de las de intervención.
“Esta reconfiguración afecta especialmente las capacitaciones docentes y talleres vinculados a la ESI”, indicaron.
El programa, creado en 1999, se enmarca en un conjunto de leyes nacionales y locales que garantizan el derecho a la educación y la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Por todo ello, las y los trabajadores exigen la cobertura de las horas vacantes por acto público, un registro de asistencia acorde a su modalidad territorial y la continuidad de las líneas de acción desarrolladas junto a las escuelas.
El programa funciona en 165 de las 172 escuelas secundarias de CABA y acompañó en el último año las trayectorias educativas de más de 430 estudiantes
HISTORIA DEL PROGRAMA
El Programa de Retención Escolar de Alumnas/os Madres, Padres y Embarazadas se creó en 1999 en la Ciudad de Buenos Aires como “Proyecto de Retención Escolar de Alumnas Madres y Embarazadas en Escuelas Medias”.
Nació en un contexto en el que el embarazo y la maternidad adolescente no eran aún un tema prioritario en las escuelas. Su objetivo principal fue garantizar el derecho a la educación de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes mediante acompañamiento pedagógico, socioeducativo y territorial.
Desde sus inicios, el programa incorporó la perspectiva de Educación Sexual Integral (ESI) como eje central, promoviendo derechos sexuales y reproductivos, maternidades deseadas y el abordaje del embarazo no intencional. Con los años se amplió a incluir a estudiantes padres y se consolidó como política socioeducativa en el Ministerio de Educación porteño.
El programa se enmarca en leyes nacionales de Educación 26.206, de ESI 26.150, de Protección Integral de Derechos 26.061 y de IVE 27.610, y en leyes 2.110 y 5.945 de CABA.
En paralelo, la tasa de fecundidad adolescente en CABA descendió fuertemente: de 33,7 nacimientos por mil mujeres de 15-19 años en 2011 a 6,4 en 2023. El programa contribuyó a visibilizar y acompañar estas situaciones, aunque la baja responde a múltiples factores tales como la mejora en el acceso a métodos anticonceptivos, la ESI y la difusión de los derechos reproductivos.
