El 23 de mayo de 1988, miles de docentes vestidos con guardapolvos blancos se concentraron frente al Obelisco de Buenos Aires. Era el punto culminante de un paro nacional por tiempo indeterminado que duró 42 días y que se convirtió en uno de los hitos más importantes del sindicalismo docente en la Argentina democrática.
Convocada por la CTERA que lideraba Marcos Garcetti, la Marcha Blanca expresó el profundo malestar de un sector golpeado por la pérdida constante de poder adquisitivo en medio de una fuerte crisis económica.
“A ver, a ver, quién decide los salarios: el pueblo unido o el Fondo Monetario”, fue una de las canciones que se escucharon en aquella concentración histórica.
El reclamo docente tenía tres puntos centrales: Salario único nacional (nomenclador básico común para todo el país), la puesta en marcha de la Paritaria Nacional Docente, y exigir a la administración de Raúl Alfonsín el impulso de la Ley Financiamiento Educativo y una nueva Ley Nacional de Educación.
En 1988 Argentina atravesaba uno de los momentos más difíciles de la transición democrática. El gobierno radical enfrentaba una inflación que ese año superó el 300%.
El salario real docente había perdido casi el 50% de su poder adquisitivo desde mediados de los años 70. Mientras los gremios estimaban que se necesitaba un básico de alrededor de 1.700 australes para cubrir el costo de vida básico, las ofertas del gobierno rondaban inicialmente los 430-500 australes.
La CGT, conducida por Saúl Ubaldini había ratificado su pleno respaldo al plan de lucha de CTERA y realizó gestiones ante los más altos niveles de gobierno para encontrar una solución al conflicto docente.
En el tramo final de la huelga, otros sindicatos nacionales sumaron su adhesión y un día antes de arribar a la ciudad de Buenos Aires, docentes de nueve provincias se reunieron al pie del Monumento a la Bandera.
El acuerdo final al que se llegó tras la marcha estableció 640 australes en abril, 700 en mayo y 760 en junio. Muy lejos de lo reclamado. Además, la crisis económica del final del gobierno radical y la hiperinflación de 1989 terminaron licuando gran parte de los logros alcanzados tras el conflicto.
Los diarios porteños destacaron el acatamiento masivo al paro, pero no se privaron de destacar “los trastornos que generaba en las familias y el calendario escolar” por la duración del conflicto.
