La ONU critica al gobierno argentino por debilitar la ESI y suspender el plan ENIA
El CEDAW señala "el debilitamiento significativo de la implementación de la educación Sexual Integral", entre otros problemas relacionados con el ámbito educativo.
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) examinó el octavo informe periódico de la Argentina (CEDAW/C/ARG/8), en el marco del procedimiento simplificado de presentación de informes, y concluyó entre los varios puntos tratados, serias falencias en el abordaje de programas relacionados con el entorno educativo, entre ellos la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).
Entre las observaciones finales que constan en el documento del CEDAW se lee que tras el análisis de las presentaciones del gobierno de Javier Milei en las sesiones del 10 de febrero de 2026, el comité "observa con preocupación" los siguientes puntos:
- "El debilitamiento significativo de la implementación de la Ley N.º 26.150 sobre Educación Sexual Integral (ESI), incluyendo la reducción de las asignaciones presupuestarias, el marcado descenso en la capacitación docente para su aplicación, el desmantelamiento de los mecanismos de coordinación nacional y la interrupción de iniciativas preventivas como las jornadas "Educar en Igualdad" en las escuelas, lo cual puede socavar los esfuerzos para abordar los estereotipos de género y prevenir la violencia de género desde una edad temprana".
- "La suspensión y el desfinanciamiento sustancial del Plan ENIA en 2024, incluyendo el despido de equipos territoriales y de coordinación interministerial, y la casi eliminación de las partidas presupuestarias para 2026, a pesar de las reducciones documentadas en las tasas de embarazo adolescente logradas bajo el programa."
- "Los informes sobre el aumento de las barreras que enfrentan las niñas embarazadas y las madres adolescentes para continuar su educación, particularmente ante la ausencia de servicios de apoyo coordinados."
- "La introducción de medidas administrativas y financieras que pueden restringir el acceso a la educación de las niñas migrantes, incluyendo la imposición de aranceles y requisitos de documentación que afectan de manera desproporcionada a las niñas y jóvenes migrantes."
- "La persistente segregación de género en campos de estudio como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y la ausencia de medidas específicas para promover la participación de las niñas en áreas de estudio no tradicionales".
Se observa el desmantelamiento de los mecanismos de coordinación nacional y la interrupción de iniciativas preventivas como las jornadas "Educar en Igualdad" en las escuelas.
En el punto 31 del documento, el CEDAW da cuenta de su recomendación general N.º 36 (del año 2017) sobre el derecho de las niñas y las mujeres a la educación, para recomendar al Estado argentino que "garantice la implementación plena y efectiva de la Ley N.º 26.150 sobre Educación Sexual Integral en todas las provincias; restablezca asignaciones presupuestarias adecuadas y sostenidas; reinstaure la capacitación docente regular sobre su aplicación y los mecanismos de coordinación nacional; y restablezca iniciativas preventivas como el programa "Educar en Igualdad" para abordar los estereotipos de género y las masculinidades tóxicas desde una edad temprana".
En otro orden, conmina a que se "restablezca y financie adecuadamente el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA); asegure la restitución de los equipos territoriales y la coordinación interministerial; y garantice que cualquier reforma de política en esta área cumpla con el principio de no regresividad".
También pide al gobierno que "adopte medidas específicas para garantizar que las niñas embarazadas y las madres adolescentes puedan continuar y completar su educación, inclusive mediante arreglos escolares flexibles, apoyo para el cuidado infantil y protección contra el estigma y la discriminación", y que "asegure que las niñas y las jóvenes migrantes tengan igualdad de acceso a la educación en todos los niveles, independientemente de su estatus migratorio, y revise cualquier medida administrativa o financiera que pueda crear barreras discriminatorias para la inscripción o la permanencia escolar".
El CEDAW pide al gobierno que "adopte medidas específicas para garantizar que las niñas embarazadas y las madres adolescentes puedan continuar y completar su educación.
Finalmente solicita a la Argentina que "adopte medidas especiales de carácter temporal, incluyendo objetivos con plazos determinados e incentivos, para aumentar la participación de las niñas y las mujeres en campos de estudio no tradicionales, particularmente en *ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y aborde la subrepresentación de las mujeres en la educación formación profesional y superior".
El CEDAW evalúa las políticas de los Estados miembro aplicadas en torno a la problemática de la discriminación contra la mujer. Además de los aspectos destacados en esta nota, el comité analiza políticas relacionadas con el acceso a la justicia, el empleo, la lucha contra la trata y otros.
En el documento reconoce la presentación oral de la delegación y "las aclaraciones adicionales proporcionadas" por la Dra. Úrsula Basset, Asesora Legal de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y al Subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Dr. Joaquín Mogaburu, quien encabezó la delegación argentina.