Tras “una semana de mucha tensión” para la comunidad educativa, los distritos afectados activaron diversos protocolos para contener, prevenir y trabajar sobre las amenazas de tiroteos escritas en una cantidad de escuelas en varias provincias del país, presuntamente asociadas a retos promovidos por redes sociales.
Desde distintas perspectivas (policial, social, familiar, psicológica) los ministerios de Educación y gobiernos en general pusieron en marcha diversos abordajes, sobre todo en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires, donde registraron estos espisodios: carteles con supuestas advertencias de tiroteos escritos en fibrón en alguna pared de los establecimientos.
“Ante la posibilidad de hechos de violencia extrema y planificada: a partir de la tragedia ocurrida en una escuela de nuestro país, ha tomado estado público la existencia de una comunidad digital dedicada a la exaltación de ataques de esta clase. Esta situación, dada su peligrosidad significativa, es objeto de monitoreo por parte del Ministerio de Seguridad y las Fiscalías, con la colaboración de nuestra Dirección General y de las instituciones educativas cuando corresponde”, señaló en un comunicado oficial la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
“A los y las estudiantes les decimos que reproducir amenazas no es una broma ni una mera transgresión: se trata de una conducta grave que vulnera la convivencia institucional, produce un daño en las y los demás y puede ser objeto de investigación judicial. Alentamos a quienes han producido las amenazas a reconocer su actuación y a generar acciones reparatorias. Solicitamos a sus familias el acompañamiento en este propósito mediante la conversación con sus hijos e hijas y el trabajo corresponsable con las escuelas”, sostuvo la Dirección.
Según trascendió, en la provincia hubo una reunión entre autoridades de Educación y Seguridad para trazar acciones conjuntas. Desde el punto de vista de Seguridad el procedimiento prevé que personal policial intervenga en cada escuela involucrada para relevar pruebas y tratar los casos como delitos y no como “travesuras”. Además se discutieron acciones para evitar un posible “efecto contagio”, similar al que en otras oportunidades se produjo con las amenazas de bomba.
Entre las acciones implementadas en la Ciudad de Buenos Aires, se reforzó la supervisión interna en las instituciones educativas y se trabajó con los estudiantes sobre la convivencia escolar y la responsabilidad en el uso de la palabra. “Las familias están informadas sobre la situación y se les solicitó que puedan conversar con sus hijos e hijas sobre la importancia de comunicar de manera inmediata a los adultos en casa y/o en el colegio cualquier situación, información o comentario que pudiera vincularse”, explicaron.
La policía retiró la puerta del baño y solicitó revisar las cámaras de seguridad del colegio para identificar a los autores. Una vez individualizados, los responsables fueron notificados a través de sus padres, convocados por las autoridades del establecimiento. Se activó el Protocolo de Actuación para la protección y resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Además, sobre el final de la semana, la Ciudad distribuyó a docentes porteños una guía de actuación para padres sobre la relación de chicos y adolescentes con el mundo digital. "Como adultos, el desafío no es solo poner límites, sino estar presentes: mirar, escuchar y generar espacios de confianza para hablar de lo que les pasa", dice la comunicación oficial.
En Mendoza, la Dirección General de Escuelas, donde se registraron episodios en unas 25 escuelas, dio intervención inmediata a la fuerza policial de investigaciones y trabaja bajo el asesoramiento de equipos técnicos especializados”, según reflejaron varios medios provinciales. También se intensificarán tareas de prevención, con inspecciones y controles estrictos sobre ingresos y egresos, y también supervisión sobre los elementos escolares de los alumnos.
A la vez se activó el acompañamiento del Servicio de Orientación Escolar, para la contención psicológica a alumnos que manifiesten preocupación o temor ante estos episodios y se comprometió a los padres a intensificar el diálogo sobre el uso responsable de redes sociales y dispositivos móviles.
Ante las amenazas de tiroteos que aparecieron en escuelas de Neuquén como el CPEM 71 de Centenario, la EPET 1 de Cutral Co y establecimientos de Piedra del Águila, se activó de inmediato el contacto con el Eaopie y se articuló con el Ministerio de Seguridad para reforzar la presencia policial, realizar operativos preventivos y brindar contención a la comunidad educativa, priorizando el resguardo bajo la Ley provincial 2302 y la nacional 26.206.
Neuquén cuenta desde el 6 de octubre de 2025 con el Protocolo de intervención para escuelas frente a situaciones conflictivas, elaborado por el Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (Eaopie) del Consejo Provincial de Educación. El documento busca resolver de manera inmediata cualquier denuncia o hecho que irrumpe en la vida escolar –desde agresiones hasta conflictos graves–, con el objetivo de que la institución recupere su “potencia” y normalidad sin que los derechos de niños, niñas y adolescentes queden vulnerados.
En Tucumán, el Ministerio de Educación cuenta desde octubre de 2025 con la Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Escolares Complejas, aprobada por la Resolución M-2452/5, y elaborada por el Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI) junto al Servicio de Asistencia Social Escolar (SASE). El texto parte de la “pedagogía del cuidado” y define las situaciones complejas como aquellos eventos disruptivos –violencia entre pares, maltrato, ciberacoso, consumo problemático u otros– que superan los mecanismos habituales de la escuela.
Ante las amenazas de tiroteos que esta semana se registraron en escuelas de la capital, Alberdi, Concepción y Yerba Buena –incluyendo mensajes en baños y pintadas con fechas específicas–, la guía obligó a la comunicación inmediata a fiscalía y fuerzas de seguridad; el gobierno desplegó 2.500 efectivos policiales, reforzó controles y adoptó una política de tolerancia cero con posibles sanciones, expulsiones y responsabilidad para familias, todo bajo el enfoque de protección integral.
En Córdoba se registraron más de 100 denuncias por amenazas de tiroteos en escuelas de la capital, La Falda, Cosquín, Cruz del Eje y otras localidades –muchas con pintadas en baños–, se activaron estos protocolos, se imputó a al menos ocho adolescentes por amenaza agravada y se realizaron allanamientos, reforzando controles y la respuesta judicial.
En febrero de 2026 se actualizó la Guía Interinstitucional de Protocolos para Situaciones de Vulneración de Derechos en la Vida Escolar, que incorpora un apartado específico sobre “presencia de armas en el ámbito escolar”: ante amenaza o sospecha de arma de fuego se presume cargada, se llama de inmediato al 911 y a la Dirección de Seguridad de Escuelas, se aísla el lugar y se evacúa si es necesario, con contención emocional y articulación con policía y fiscalía.
Esta semana, en el marco de la ola nacional de amenazas de tiroteos que también alcanzó establecimientos fueguinos con mensajes intimidatorios similares, las escuelas aplicaron las orientaciones nacionales adaptadas al contexto local, priorizando la contención, la no revictimización y el despliegue de operativos preventivos para mantener la normalidad educativa.
Tierra del Fuego no cuenta con un protocolo provincial específico y reciente de detalle público como los de las otras jurisdicciones, pero su marco normativo principal sigue siendo la Ley provincial Nº 937 de 2012, que creó el Programa de Prevención y Erradicación del Bullying, complementado con la Guía Federal de Orientaciones (Resolución CFE 217/14) y la Ley 26.061 de protección integral. Ante situaciones concretas, el Ministerio de Educación activa de inmediato los protocolos vigentes de seguridad, comunica a fuerzas de seguridad y justicia, y garantiza la continuidad de clases mientras resguarda a la comunidad.
La imagen principal es ilustrativa de un tiroteo en una escuela de Saint Louis, EEUU, en 2022. Crédito: Amnesty
